"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Unión Europea
El CERMI pide al Parlamento Europeo la garantía de la prestación de servicios públicos por entidades sociales no lucrativas
20/02/2013
El CERMI ha pedido, a través de unas cartas dirigidas a miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo, la garantía que establecen las directivas sobre contratación pública sobre el papel de las entidades no lucrativas de iniciativa social en la gestión de servicios públicos de interés general.
Para el CERMI, todo lo concerniente a la contratación pública es de “capital” importancia para el sector social de la discapacidad, sobre todo, en cuanto a la garantía de la prestación de servicios públicos por parte de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.
Según explica, las entidades sociales constituyen una herramienta muy poderosa para promover en condiciones de “eficacia” y “eficiencia” la inclusión y el bienestar sociales, tal como propone y defiende la Estrategia Europea EU2020 como modelo de sociedad europea más inclusiva y justa, atendiendo a los efectos de la crisis económica, que “asolan de manera especialmente virulenta a los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad”.
La posición del sector social de la discapacidad, representado por el CERMI y por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), es la necesidad de tener presente el respeto a la diversidad de los modelos de prestación de servicios de interés general, que, necesariamente, lleva asociada la necesidad de promover mecanismos extraordinarios de gestión de apoyo a organizaciones sociales (organizaciones del movimiento asociativo, cooperativas de integración social, Centros Especiales de Empleo, etc.).
Además, continúa el CERMI, todo ello se efectúa de acuerdo a un modelo “verdaderamente” inclusivo y de defensa de derechos, tal como se recoge en la Convención de la ONU. Así, desde el sector social de la discapacidad, expone, se cree en la “necesidad” de establecer fórmulas que protegen aspectos básicos, como el arraigo y la capacidad de decisión de las personas usuarias de los servicios que reciben.
En este sentido, advierte de que es “importante” tener presente que la respuesta a la realidad de la multiexclusión de muchos colectivos se está realizando gracias al trabajo en red de organizaciones del Tercer Sector que abordan la realidad de ciudadanas y ciudadanos de forma cada vez más global e inclusiva, que tiene como eje central a la persona y su itinerario vital.
Por tanto, el CERMI indica que la propuesta que defiende la discapacidad es la defensa de la promoción y el fomento de la capacidad como operadores de las organizaciones de la acción social sin ánimo de lucro y de base asociativa, que llevará a una Europa más inclusiva, que dé respuesta real a las necesidades específicas de cada uno de nuestros ciudadanos.
Las cartas que ha trasladado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, han sido dirigidas a los europarlamentarios del Grupo Socialista Europeo María Irigoyen y Vicente Garcés, y al europarlamentario del Grupo Popular Europeo Pablo Arias.
